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A partir de la reforma penal de 2010, que introdujo la responsabilidad penal de las personas jurídicas, mejorada en la reforma operada por la Ley Orgánica 1/2015, puede decirse que hay dos códigos dentro del mismo código penal: el de las personas físicas y el de las personas jurídicas. La presente obra pretende ofrecer una aproximación al nuevo derecho penal de las personas jurídicas, para un mejor conocimiento por los profesionales, como jueces, fiscales, abogados y asesores de empresa, de los principales problemas prácticos y dogmáticos que su aplicación plantea. Para ello se tratan tanto cuestiones de la parte general como de la parte especial del derecho penal de las personas jurídicas, e incluso algunos de los aspectos referidos al procedimiento penal, sin olvidar las prescripciones de la Fiscalía General del Estado en esta materia y la novedosa jurisprudencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, que constituyen un marco de referencia de especial valor. No cabe duda que nos encontramos aún en un. camino por recorrer, iniciado con la irrupción de un nuevo sujeto en el derecho penal, que habrá que ir transitándolo con las aportaciones que ya se están produciendo en la dogmática, la Fiscalía y en la jurisprudencia, y en el que el ser y el deber ser, lo biológico y lo normativo, el Derecho, la filosofía y la sociología, irán conjugándose en un futuro para hacer realidad un sistema de derecho penal en el que tendrán cabida, como algo normal, tanto las personas físicas como las personas jurídicas.l Jaén Vallejo es Doctor en Derecho (sobresaliente cum laude) por la Universidad Autónoma de Madrid. Profesor Titular de Derecho Penal y Magistrado (número 1 de su promoción). Ha sido Letrado del Tribunal Supremo, Magistrado Juez de Instrucción de Marbella, Magistrado de las Audiencias Provinciales de Las Palmas y de Girona, y Asesor del Ministerio de Justicia.e}Angel Luis Perrino Pérez es Fiscal de carrera. Tras licenciarse en Derecho por la Universidad San Pablo C.E.U, superó las pruebas de acceso a las carreras. Judicial y Fiscal en el año 2003. Ha desempeñado sus funciones como Fiscal en el T.S.J de Cataluña, T.S.J de Madrid, Audiencia Provincial de Madrid, y como Fiscal Asesor en el Ministerio de Justicia.ue Agudo Fernández es Doctor en Derecho (sobresaliente cum laude) por la Universidad de Granada, y ha sido docente en las Universidades de Valladolid y Carlos III de Madrid. Actualmente presta sus servicios como Magistrado Asesor en el Ministerio de Justicia. [Texto de la editorial].

La presente monografía aborda las principales cuestiones que suscita y concita la aplicación de un programa de compliance o programa de prevención de riesgos penales y delitos en las empresas u organizaciones que pueden incidir en responsabilidad penal y para ello es fundamental una Cultura de Cumplimiento Normativo, así como la instauración de un Código Ético o Código de Conducta que tenga un asentamiento ejemplar y eficaz más que puramente simbólico. La finalidad de todo Compliance es la exoneración o atenuación de los delitos en que pudiera incurrir la organización empresarial o persona jurídica responsable en sentido extenso. También se aborda la posible responsabilidad del Compliance Officer, así como la falta de supervisión, vigilancia y control del órgano de cumplimiento externo o interno en la empresa, y el decisivo papel para un funcionamiento correcto del Compliance del Canal de Denuncias o Whistleblowing y las características y requisitos que debe tener el mismo. La monografía es un riguroso estudio en el ámbito de la doctrina especializada sobre Compliance y un referente necesario para obtener una visión global de la todas las cuestiones relevantes sobre el Compliance y la responsabilidad penal de las personas jurídicas desde su introducción el el año 2010 y con la amplia reforma llevada a cabo en el año 2015. [Texto de la editorial].

La intervención del Derecho penal en la profesión de abogado, sistematizada por primera vez en este libro, se traduce, de una parte, en la existencia de una serie de delitos que protegen, en general, el estatuto jurídico de la abogacía (delitos de violación del secreto profesional, intrusismo, vulneración de la independencia y discriminación en la prestación de servicios); y, de otra, en la configuración de determinados delitos especiales que tienen a los abogados como principales protagonistas y sujetos activos, al considerarse que tales profesionales han incurrido en una infracción de sus deberes procesales y deontológicos con relevancia penal (delitos de presentación de pruebas falsas, incomparecencia injustificada en juicio oral, destrucción de actuaciones judiciales, revelación del secreto sumarial, defensa de intereses contrarios y perjuicio al cliente). El autor analiza detalladamente cada uno de los elementos objetivos y subjetivos de los mencionados tipos penales, con exhaustiva cita de precedentes legislativos, doctrinales y jurisprudenciales, con el fin de mostrar y acotar los evasivos límites existentes entre las responsabilidades civiles, penales y disciplinarias en que pueden incurrir los abogados en el ejercicio de una profesión esencial para el normal desenvolvimiento de cualquier Estado, y más si se define como de derecho. [Texto de la editorial].