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El suicidio es una de las formas de morir más escondida y silenciada en nuestra sociedad. A la vez es una de las que genera mayor sufrimiento, previo en quienes se escapan de la vida y posterior por la culpa que atormenta a los supervivientes. Es además una de las causas más relevante de muerte violenta en ado- lescentes y ancianos. Sobre ella pesa cierto tipo de conspiración de silencio social que quizá pueda ser abordado a través del cine. Son muchas las películas que se han ocupado de este tema, aunque no siem- pre de modo central. En muchas de ellas el suicidio de uno de los personajes determina todo el desarro- llo posterior de la trama o le pone el broche final a la historia. En otras se intenta explicar lo inexplicable: por qué alguien puede preferir morir a seguir viviendo. Incluso algunas películas se han acercado a este drama vital enfocándolo desde el humor. La facilidad del cine en mostrar el mundo emocional de sus personajes y su capacidad de hacer eviden- tes elementos de la realidad que pueden pasar desapercibidos sugieren que puede ser un buen vehícu- lo para intentar comprender a las personas que deciden saltar sobre su propia sombra y morir antes de tiempo.

La eutanasia es uno de los muchos temas controversiales, debido al carácter ético–moral que genera en torno a la disponibilidad del derecho a la vida. Este tema es de importancia y actualidad, que no solo interesa a juristas y médicos, sino a toda la ciudadanía en general, debido a su estrecha vinculación con los derechos positivizados en la Constitución Política de Colombia. Actualmente existen muchas limitaciones en el desarrollo normativo y falta de reglamentación por parte del órgano legislativo sobre el derecho a morir dignamente mediante la práctica de la eutanasia, por lo que se está dejando al arbitrio de la persona afectada la facultad de disponer de su vida independientemente de la opinión o posición que los demás tengan al respecto. El libro de Ana Jessica Peña y Katherine Lizeth Figueroa aborda el problema desde el ámbito internacional –a través del estudio del derecho comparado–, y en el ámbito nacional por medio del análisis de la legislación, jurisprudencia y doctrina existente al respecto. Busca, igualmente, generar en el lector una actitud de reflexión y crítica acerca de la muerte digna a través de la eutanasia y su aplicación en Colombia.

En España las prestaciones de ayuda para morir (eutanasia y suicidio médicamente asistido) fueron legalizadas en 2021 a través de la Ley Orgánica 3/2021 de regulación de la eutanasia, legislación en la que se incluyen actuaciones propias del trabajo social. Por ello, el objetivo de este artículo es comprender la concepción de la dimensión social y del trabajo social en la Ley Orgánica 3/2021 de regulación de la eutanasia y, en concreto, en la Comisión de Garantía y Evaluación de la Comunidad de Madrid. Para ello, se realiza un estudio exploratorio cualitativo a través de la técnica de la entrevista semiestructurada en profundidad a informantes clave expertos/as. La muestra está conformada por siete profesionales especializados/as en la materia con relación directa (vocales) o indirecta con la Comisión de Garantía y Evaluación autonómica. Los principales resultados indican que los/as profesionales de trabajo social no cuentan con el mismo reconocimiento que el resto de figuras profesionales en la Comisión de Garantía y Evaluación madrileña, aspecto que dificulta la perspectiva biopsicosocial e integral que se persigue actualmente desde Sanidad.

Dos recientes sentencias de 2017 de la Corte Constitucional de Colombia han supuesto una ampliación de los sujetos titulares del derecho a la eutanasia, declarado como fundamental por la Corte en 1997: de su configuración inicial como un derecho de libertad de los enfermos terminales capaces de decidir, anclado en el necesario respeto a su dignidad/autonomía moral, se ha pasado a atribuirlo también —sobre la base de una interpretación de la dignidad centrada en la evitación del sufrimiento y no tanto en la idea de autonomía— a niños, niñas y adolescentes terminales que atraviesen graves padecimientos (lo que supone que en caso de ser totalmente incapaces el derecho sería ejercitado por sus padres). El presente trabajo analiza el fondo de esta jurisprudencia y destaca (además de la necesidad de separar el debate sobre la «buena muerte» en relación con pacientes competentes y los que no lo son) lo que se considera una discutible utilización del lábil concepto de dignidad como parámetro de enjuiciamiento de la constitucionalidad de las normas. Two recent 2017 decisions of Colombia’s Constitutional Court have widened the scope of the right to euthanasia, first declared by the Court in its 1997 ruling. From its initial configuration as a fundamental liberty right, based upon the dignity/autonomy of terminally ill, competent patients, it has come to be attributed (on the basis of an idea of dignity centered on the avoidance of suffering and not so much on the autonomy notions of the first decision) to terminally ill and seriously suffering girls, boys and teenagers (which means that in cases of their complete lack of competence the right is exercised by their parents). This paper analyses the core of this jurisprudence and highlights (in addition to the need to distinguish between competent and non-competent patients when discussing “good death” matters) what is considered a questionable use of the labile concept of dignity as a parameter for judging the constitutionality of laws.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en su interpretación sobre los derechos a la autonomía personal y a la vida, solamente ha encontrado base en el primero sin lesionar el segundo en la opción voluntaria y libre por la abstención terapéutica o contra un mantenimiento vital artificial, bajo determinadas condiciones. En sentencia de 26 de febrero de 2020, el Tribunal Constitucional alemán ha tergiversado esa doctrina jurisprudencial europea, que, en España, tiene valor cuasiconstitucional y converge con la jurisprudencia hasta ahora dimanada de su Tribunal Constitucional. Similar doctrina se desprende de la jurisprudencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos de América. Tres consideraciones principales respaldan esa doctrina: la libertad propia de la dignidad de toda persona humana no incluye eliminarla, nadie puede matar a otro salvo legítima defensa proporcionada, y hay un deber social y del Estado de proteger cualquier vida. European Court of Human Rights, interpreting the rights to personal autonomy and life, has only found a basis in the first without injuring the second in the voluntary and free option for therapeutic abstention or against artificial life support, under certain conditions. In a ruling of February 26, 2020, the German Constitutional Court has misrepresented this European jurisprudential doctrine, which in Spain has a quasi-constitutional value and is convergent with case-law so far emanated from its Constitutional Court. A such similar doctrine derives from the Supreme Court of United States of America. Three main considerations back this doctrine: the freedom that is proper to the dignity of every human person does not include eliminating it, no one can kill another except for proportionate legitimate defense, and there is a social and State duty to protect any life.

The concept of assisted death includes a heterogeneous variety of practices, whose common denominator is to guarantee citizens their right to participate in decisions related to their own death process, to make it as consistent with their preferences as possible. It’s one of the most controversial and discussed topics in recent decades, both in the academic field and in public opinion. This paper examines the two main justifications for its legalization: to guarantee individual autonomy as in other areas of life, and to avoid unnecessary suffering to the dying. It will be argued that, although both are related and both tie the ethics of care with the autonomy of the subject, the justification for autonomy is stronger and resists better the objections of those opposed to the legalization of this right.

En Italia, se prohíbe penalmente la ayuda al suicidio, La Ordinanza n,° 207 (2018) y la Sentenza n,° 242 (2019) de la Corte Costituzionale han venido, sin embargo, a permitir una excepción: se podrá prestar ayuda al suicidio a los enfermos terminales con graves padecimientos, siempre que dependan de un tratamiento médico de soporte vital y que tengan capacidad y libertad para decidir, Este trabajo concluye que esta jurisprudencia va a tener una eficacia más simbólica que práctica,

The issues related to end of life situations have acquired great importance in today’s society, due to the increase in life expectancy as a result of the advances in medicine and the consolidation of the patient’s rights to autonomy. However, from a comparative approach neither legislation nor the case-law gives a clear answer to what scope should be recognized to this autonomy. This paper is focus on the different trends that can be currently found in wester legal systems in relation to the so called right to die with dignity in the light of the most recent pronouncements of the Strasbourg Court and the Supreme Court of Canada. Las cuestiones relacionadas con el final de la vida están adquiriendo una enorme importancia en las sociedades occidentales como consecuencia del aumento de la esperanza de vida y de la consolidación del derecho a la autonomía del paciente. La legislación y la jurisprudencia comparadas no son uniformes a la hora de precisar el alcance de dicha autonomía. Este trabajo analiza las grandes tendencias que presenta en nuestro ámbito jurídico el llamado derecho a la muerte digna a la luz de las decisiones judiciales más recientes del Tribunal de Estrasburgo y del Tribunal Supremo de Canadá.

L’objectif de cette synthèse des connaissances est de donner un aperçu des études scientifiques publiées sur les attitudes des intervenants en santé mentale envers l’euthanasie et le suicide assisté. Une recherche a été menée dans les bases de données Medline, PsycInfo et Embase ; onze articles répondant aux critères d’inclusion ont été sélectionnés. Les résultats montrent que les intervenants en santé mentale ont généralement des attitudes positives envers l’euthanasie et le suicide assisté, avec des attitudes un peu plus favorables envers ce dernier que pour l’euthanasie. Plusieurs études ont montré une corrélation négative entre l’importance de la religion et leurs attitudes ainsi qu’avec l’expérience professionnelle. Le lien entre les attitudes et d’autres caractéristiques personnelles (par ex. : le genre, l’âge, le niveau d’éducation) n’est toutefois pas constant d’une étude à l’autre. Des enjeux particuliers sur le plan de la méthodologie doivent être considérés dans l’interprétation des résultats, dont des différences dans les définitions et la terminologie utilisée, ainsi que dans la formulation des questions. Le lien entre les expériences personnelles et les attitudes envers l’euthanasie ou le suicide assisté devrait faire l’objet de recherches futures.

Does a competent person suffering from a terminal illness or enduring an otherwise burdensome existence, who considers his life no longer of value but is incapable of ending it, have a right to be helped to die? Should someone for whom further medical treatment would be futile be allowed to die regardless of expressing a preference to be given all possible treatment? These are some of the questions that are asked and answered in this wide-ranging discussion of both the morality of medically assisted death and the justifiability of making certain instances legal. A case is offered in support of the moral and legal permissibility of specified instances of medically assisted death, along with responses to the main objections that have been levelled against it. The philosophical argument is bolstered by empirical evidence from The Netherlands and Oregon where voluntary euthanasia and physician-assisted suicide are already legal.